Lunes, 16 Abril 2018 15:48

Declaraciones a medios en rueda de prensa.

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Bogotá, 10 de abril de 2018

DECLARACIONES A MEDIOS EN RUEDA DE PRENSA

Vocero: Julio César Vera Díaz – Presidente Acipet

En Colombia, el sector hidrocarburos durante el año 2017 presentó una reactivación
importante. Un 60% más de pozos exploratorios perforados -pasando de 21 en 2016 a 54 al
cierre de 2017-, gracias a la inversión en exploración, dada entre otras por el aumento en el
precio internacional del petróleo, que para 2017 se ubicó por encima de los USD$50 por
barril y que hoy presenta un equilibrio en el precio del mercado, entre USD$60 – USD$70 por
barril con referencia al crudo Brent. Para este año se espera seguir creciendo tanto en
producción, por encima de los 860.000 barriles por día, como en actividad exploratoria por
encima de los 60 pozos exploratorios.

Pese a este buen comportamiento, en la actualidad hay al menos 25 intenciones de 
desarrollar consultas populares en diferentes municipios del territorio nacional, que buscan
frenar la actividad, afectando la futura autosuficiencia petrolera y en general el desarrollo
económico y social de todos los colombianos. Según estimaciones realizadas en Acipet, de
llegarse a presentar este panorama, el país dejaría de percibir no solo los USD$15.000
millones anuales en promedio que genera la industria en materia de exportaciones, sino los
USD$7.000 a 8.000 millones promedio que tendría que destinar por año para cubrir las
necesidades de importación de petróleo al país, impactando la inversión social, la provisión
de bienes públicos y de bienes importados para todos nuestros connacionales.

Entendiendo la responsabilidad de la Asociación con sus profesionales y con los
colombianos, Acipet y Cenit/Ecopetrol suscribieron un contrato para desarrollar más de
3.000 talleres de pedagogía regional, con los que se busca llegar a más de 600 municipios
del país, en un lapso de 3 años, cuyo objetivo es entregar información de primera mano a
los colombianos para que, dado el caso, tomen decisiones informadas, con elementos de
juicio acerca de la actividad petrolera, sus prácticas, riesgos asociados, políticas sectoriales
y empresariales a nivel socioambiental de preservación del medio ambiente y el agua,
acceso a recursos generados y el relacionamiento social como objetivos primarios. Estos
talleres involucran a las comunidades de las áreas de influencia directa de la industria, los
cascos urbanos de los municipios, los estudiantes de secundaria, así como a las autoridades
locales y regionales.

El proceso de pedagogía inició en diciembre de 2017 y a la fecha se han realizado 210
talleres, se han recorrido cerca de 60 municipios a nivel nacional y se ha logrado llegar a
más de 4.700 personas. Se estima que para el resto del año se llegará a 170 municipios más
donde se desarrollarán al menos 800 talleres adicionales. 

En el mismo sentido, con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, se iniciará un proceso
de pedagogía similar en 13 municipios asociados con actividades de exploración y
producción, donde hay movimientos para la realización de consultas populares en contra
del sector y en los cuales se destacan los municipios con potencial en las actividades de
explotación de yacimientos en roca generadora, mejor conocidos como no
convencionales. En estos municipios se abrirán espacios de participación con la comunidad
y sus autoridades para transmitir la mejor información relacionada con la actividad
petrolera. Municipios como Simacota, Santander, Aguachica y San Martín en El César;
Guamal y La Macarena en el Meta; Yopal, Aguazul y Paz de Ariporo en Casanare y Arauca,
Saravena y Arauquita en Arauca, hacen parte del recorrido de estos espacios de
socialización petrolera.

En relación con este tema, Acipet hace un llamado a la Corte Constitucional, para que en
la audiencia pública que se llevará a cabo el próximo jueves 12 de abril, donde se tratará
la revisión de los fallos de tutela que abrieron espacio a que las consultas populares
pudieran limitar la actividad petrolera y minera en las regiones, halla lugar a un diálogo
amplio, abierto, franco, documentado y con una intervención equitativa, para tomar
decisiones en derecho y con la mejor información. De este fallo depende en gran medida
el desarrollo de la actividad extractiva en el país y dado que se negó la intervención de la
Asociación en el audiencia referida, solicitamos sea tenido en cuenta el documento de más
de 100 páginas que Acipet presentó en defensa de la industria.

Por otra parte, Acipet manifiesta su preocupación con la decisión tomada por la ANLA en
relación a la suspensión de las licencias y permisos de todas las actividades de perforación
y las actividades de proyectos de recobro mejorado en el Magdalena Medio, luego de la
situación desafortunada ocurrida con el pozo La Lizama. En esta región, se han perforado
más de 3.000 pozos y se ha producido entre 250 y 300 millones de barriles a lo largo de 100
años de actividad, por lo que no es objetivo afirmar que por principio de precaución deben
suspenderse las actividades, sin contar con los análisis y evaluaciones técnicas y científicas
que deben caracterizar a dicha autoridad ambiental y respondiendo en gran medida a las
presiones mediáticas y de ciertos grupos de interés que vienen manifestando su oposición
a la industria petrolera nacional. Nuestra invitación es a que la ANLA abra espacios de
dialogo con entidades como la nuestra, quienes como cuerpo consultivo del Gobierno
Nacional, de acuerdo con lo establecido en la Ley 20 de 1984, estamos en capacidad de
brindar apoyo en forma técnica, transparente y objetiva y que permita dilucidar las
inquietudes y dudas que se puedan presentar, pero sin que esto signifique una parálisis de
la actividad petrolera en esta importante zona del país.

Referente a lo ocurrido en el pozo La Lizama, Acipet reitera el ofrecimiento público para
realizar un análisis técnico y a profundidad de lo ocurrido, después de que se terminen las
actividades de control y taponamiento definitivo, con el objetivo de generar información
veraz, objetiva y científica de lo ocurrido, como una oportunidad de mejora con los
resultados de la evaluación.

Para 2018 se espera una inversión en el sector cercana a los USD$6.000 millones, sin
embargo, los efectos de la coyuntura electoral vienen frenado la inversión debido a la
preocupación de lo que podría ser el resultado final de la contienda política. Lo anterior se
refleja en la ronda Sinú-San Jacinto donde esta semana infortunadamente la Agencia
Nacional de Hidrocarburos tuvo que posponer la asignación, pues las 6 compañías
precalificadas para adquirir los 15 bloques ofertados, manifestaron no estar en condiciones
de realizar inversiones dado el panorama actual del país.

Debemos aprovechar las posibilidades que Colombia aún tiene para desarrollar la industria
petrolera, de la mano de una transición energética y productiva responsable, basada en
la eficiencia, la confiabilidad y la neutralidad tecnológica y siendo transparentes con la
información que se les entrega a los colombianos, sin prometer que el país puede vivir de
las energías renovables en el corto plazo, mientras el petróleo y los hidrocarburos pueden
aportar de forma importante al desarrollo sostenible de todos los colombianos.
En un país sin petróleo, perdemos todos.

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