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Líderes sociales y políticos, organizaciones civiles, juntas de acción comunal, asociaciones de trabajadores, extrabajadores, mujeres cabeza de hogar y comerciantes del municipio de California, en Santander, radicaron un derecho de petición ante el Ministerio de Ambiente, pidiendo ser escuchados antes de tomar una decisión sobre la delimitación de páramo de Santurbán.

A través de un derecho de petición, argumentando cada decisión tomada sobre el páramo de Santurbán, los habitantes del municipio de California pidieron a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luz Helena Sarmiento, que les brinde un espacio para exponer los estudios socioeconómicos que demuestran la posible convivencia entre minería y protección del ecosistema.

Además, solicitan que la minería continúe en la región santandereana como eje fundamental de desarrollo y que evalúen estudios socioeconómicos avanzados por las multinacionales que actualmente laboran en la provincia de Soto Norte.

Uno de los factores expuestos en la misiva, fue el aumento en la tasa de desempleo en la región. “Alrededor de 900 familias (1.500 trabajadores aproximadamente) hoy no cuentan con ingresos. Estas personas equivalen al 70% de la población de California y Vetas. Son familias que actualmente se desempeñan en trabajos informales y galafardeo, y reflejan una situación económica crítica que ha desarticulado el núcleo familiar. La tasa de desempleo genera violencia, pobreza, desplazamiento e incertidumbre sobre un futuro productivo”, afirmó Freddy Gamboa, presidente del Sindicato de Trabajadores del Sector Minero de Santander, Sintramisan. (Ver carta completa adjunta en PDF).

A favor de las multinacionales 

Además, los mineros de Santander piden a la Ministra permitir la continuidad de las multinacionales que operan en California y Vetas, argumentando que de la minería a gran escala depende el desarrollo económico reflejado en las oportunidades de empleos, capacitación en procesos productivos y en el fortalecimiento de la región.

“En este momento el temor que tiene la comunidad de California es que con la delimitación del páramo se afecte más el tema de la minería, agrícola y la parte social. Queremos un modelo sostenible tanto para la parte económica como social, que no sólo se tengan en cuenta aspectos técnicos. Por ello queremos presentar el primer modelo de  desarrollo sostenible y responsable de minería que refleje la sostenibilidad y desarrollo colectivo de la comunidad y protección del medio ambiente, pasando por encima del beneficio de la extracción de material minero”, manifestó Raúl Trillos, abogado y vocero de la comunidad de California.

Al respecto, Freddy Gamboa aseguró a Vanguardia.com que están trabajando en ese modelo. “Ha sido difícil porque en el ámbito nacional no existe, sería el primero aplicable a un desarrollo de la locomotora minera y de los ecosistemas estratégicos. La minería y la protección del medio ambiente, del páramo y del agua, pueden convivir juntos.  No se puede cerrar la participación, la delimitación no puede ser una imposición del Ministerio de Ambiente, tiene que ser una declaratoria concertada”, precisó.

Comerciantes registran pérdidas del 90%

De otro lado, el representante de los Comerciantes Unidos de California SAS, Mauricio Rodríguez, explicó que el ‘efecto dominó’ por el desempleo ya surte efectos en la región.

“Cuando llegó la declaratoria de parque nos tocó aceptarla y ya. No queremos que nos vuelva a pasar esto con la delimitación de páramo, porque sería perjudicial para la comunidad. Queremos mostrar a la Ministra y a la comunidad en general que toda la actividad económica de California funciona en torno a la minería. Las tiendas, los mercados, las despensas agrícolas funcionan en torno a ella. Si las mineras no funcionan, nuestra economía se cae… Las empresas mineras de la región nos compran todos a nosotros. Los alimentos, abarrotes, y todos los productos los adquieren a nuestros proveedores, y desde que empezaron los despidos masivos y la crisis a la espera de una delimitación de páramo nuestra producción bajó en un 90%”, afirmó Rodríguez.

Al respecto, el presidente del Concejo de California, Carlos Augusto Latorre, manifestó que la misma comunidad tiene claro qué es páramo y que no, y que por lo tanto ningún recurso natural se verá afectado.

“Hicimos una encuesta preguntándole a la comunidad qué es páramo y ellos claramente identifican el páramo por encima de la línea de Parque Regional Natural Páramo de Santurbán. Defendemos la actividad minera y a las multinacionales porque gracias a ellas también tenemos seguridad en la zona. Si las empresas se tienen que ir, los grupos al margen de la ley se van a apoderar de la zona lo que generaría un conflicto y violencia que no queremos volver a repetir. Desde hace un año, aproximadamente, hay acuerdos establecidos entre multinacionales y mineros, hay mesas de trabajo en las que nos tienen en cuenta para la toma de decisiones. Queremos que el Gobierno nos mire como la posibilidad de seguir creciendo como departamento y no como una problemática”, agregó.

Fuente: Vanguardia.com

Miércoles, 23 Octubre 2013 15:28

Apuesta de Ecopetrol en mar profundo de Brasil

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Este lunes, el gigante suramericano subasta bloque petrolero que podría tener cinco veces las reservas de Colombia. Riesgos y oportunidades para la empresa.

Con Ecopetrol entre las 11 empresas interesadas, Brasil realizará hoy la subasta del campo Libra, la primera de las megarreservas marítimas del Presal, descubiertas en 2007.

Solo el campo Libra tendría entre 4 y 6 veces las reservas de toda Colombia, estima el Gobierno brasileño, y podría producir un millón de barriles diarios, la producción total de Colombia y la mitad de la producción actual de Brasil.

“Con expectativas de reservas entre 8.000 y 12.000 millones de barriles, la oportunidad del campo Libra es demasiado grande para que Ecopetrol no la contemple”, dice John Padilla, director de la firma consultora en energía IPD Latin America. Además, hay una necesidad urgente de reservas porque no se están cumpliendo metas.

Aun así, Padilla y otros expertos mantienen dudas sobre los riesgos tecnológicos, la falta de experiencia en aguas profundas de Ecopetrol y sobre la rentabilidad que se pueda conseguir.

Ecopetrol es una de las dos empresas interesadas que no pagó las garantías para la subasta. En esas condiciones, aún puede participar hoy pero como parte de un consorcio en el que vaya alguna de las firmas que sí pagó.

“Todos van a participar en consorcio”, cree Padilla. “Probablemente –agrega– vamos a ver entre 3 y 4 consorcios máximo con ofertas”.

Pedro Martínez Lara, consultor independiente sobre energía en el hemisferio, señala que para Ecopetrol “entrar con una participación significativa en Libra podría afectar el desempeño de la empresa en el mediano plazo”.

Y explica que si Ecopetrol tomara una participación del 30 por ciento, tendría que pagar por la firma del contrato 2.100 millones de dólares, 35 por ciento de su inversión en capital para exploración y producción para 2013.

Estos hechos llevan a Martínez y Padilla a coincidir en que en este proyecto hay un riesgo de que no se materialice la rentabilidad en mucho tiempo.

En ese sentido, dice Martínez, “tal vez lo mejor para Ecopetrol sería entrar a Libra con una participación mínima, para no distraer recursos de sus proyectos actuales; sin embargo, no creo que pueda formar un consorcio con esta estrategia. Las empresas licitantes estarán buscando socios que puedan aportar suficiente capital para las grandes inversiones que requiere dicho proyecto”.

Martínez coincide en señalar los grandes riesgos relacionados con desafíos tecnológicos y de infraestructura que representa extraer petróleo en condiciones sumamente difíciles en el bloque Libra, “lo que indudablemente conlleva mayores costos y posibles retrasos en su desarrollo”.

Más que meterse en aguas superprofundas, dice Tissot, sería preferible que la empresa fuera líder en crudos pesados y extrapesados, desarrollando su propia tecnología de recuperación secundaria.

“Eso –agregó– no solo le permitiría maximizar las oportunidades en Colombia sino tener grandes posibilidades en Venezuela. Es un país muy complicado, pero las reservas quedan, y los políticos vienen y se van”.

MEJOR COMO SOCIO Y NO COMO OPERADOR

oger Tissot, de Latin America Energy Advisor, del Diálogo Interamericano, advierte: “No sé qué tan experimentado sea Ecope- trol en aguas profundas. La mejor manera de aprender es haciendo las cosas, y una forma como se puede adquirir experiencia a relativo bajo riesgo es participando, no como operador, sino como socio”.

LIGAS MAYORES, AUSENTES

Las grandes petroleras del mundo no manifestaron interés en la subasta, con excepción de Shell. Una de las razones, explica John Padilla, es la imposibilidad de operar, pues lo hará Petrobras, que tiene garantizada una participación mínima de 30 por ciento. También juega el ambiente político, y en el marco del mismo, Chevron acaba de ser demandada por 20.000 millones de dólares por un derrame pequeño, y terminó arreglando por 50 millones. En cambio, dice Padilla, las que participan, como Ecopetrol, son empresas de gobiernos y sienten que pueden resolver los problemas que surjan de Estado a Estado.

Fuente: Portafolio.co

 

Miércoles, 23 Octubre 2013 15:15

¿Cómo le irá a las petroleras?

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Publicado el Lunes, 21 Octubre de 2013 09:05

Orlando Cabrales, Viceministro de Energía, y analistas del mercado dieron su visión de lo que se viene para las petroleras. Estos son los temas a desarrollar por las compañías del sector.

El segundo trimestre parece haber iniciado bien para el sector de los hidrocarburos. Los expertos al evaluar a las empresas petroleras ven un desempeño mucho más favorable para el resto del año, y se empezará a notar desde los resultados del tercer trimestre, el  Viceministro de Energía, Orlando Cabrales dio su visión de los retos del sector para el futuro.

Cabrales cree que “el sector de los hidrocarburos debe girar entorno a cuatro ejes para los próximos años, en concreto las petroleras deben centrarse en seguir haciendo esfuerzos para desarrollar el potencial de crudos pesados en Los Llanos Orientales y en la Cuenca del Caguán en Putumayo”.

En el caso de Pacific Rubiales las cosas pintan bien, pues en los análisis de Serfinco se espera que el incremento en la producción de la empresa esté por el orden del 34%.

Para el equipo de investigaciones de la comisionista, la producción de la petrolera canadiense podría ubicarse en 130.175 bpd. Para la comisionista la estabilidad en los precios del petróleo es una de las principales ventajas de la compañía.

Estima también que el precio de realización de crudo se ubicará en US$100,29, atado al Brent, que permaneció estable. En este precio no se está teniendo en cuenta la valorización experimentada en el WTI.

Adicionalmente, es importante destacar que la compañía tiene un cargo de un millón de barriles del segundo trimestre de 2013 en inventario. De estos, aproximadamente 450,000 serán utilizados para el llenado del OBC y la cantidad restante será vendida.

De acuerdo con la tendencia que ha venido mostrando Pacific Rubiales, los ingresos operacionales se ubicarían en unos US$1,15 millones, mientras que la utilidad bruta sería de US$437 millones millones.

En Corredores Asociados la expectativa de utilidad neta para la compañía canadiense es de US$150 millones por los noveles que presentó el crudo durante el trimestre.

Para Ecopetrol corredores espera que la empresa genere utilidades por $3,56 billones y que se mantenga la tendencia para la recta final del 2013.

Además sobre Ecopetrol la comisionista Serfinco está esperando que la producción durante el tercer trimestre alcanzará los 797 mpbd (7,3% frente a igual periodo de 2012), en línea con el crecimiento de la producción nacional que se ubicaría entre 9% y10%.

Así mismo la tasa de cambio jugaría un papel muy importante para la petrolera ya que entre la del tercer trimestre del año anterior y el de este registró un aumento del 5,9% y terminó en $1.907.

Resaltan, que a pesar del incremento de los ingresos, los márgenes se verán afectados por la parada de la unidad 250 (84 días), de la refinería de Barrancabermeja, empezando en septiembre. Esto implicaría unos mayores costos de importación.

Para Petrominerales se espera una recuperación de la producción durante el periodo, fundamentada principalmente en la producción de Taya-1, Curito-1 y Mantis-6. Esta situación, junto a unos mayores precios del petróleo, contribuirán a unos mejores resultados.

Mientras que en el caso de Canacol se espera que recupere terreno dado que en los dos primeros meses del trimestre, la producción repuntó a 9,278 bpd, superior en un 54% a la de un año atrás.

Este resultado evidencia la estabilización en la producción que tanto se había mencionado. Adicionalmente, los mejores precios del petróleo tanto WTI como Brent llevarán a un mejor desempeño al hacer la comparación de año a año.

Orlando Cabrales también señaló que en el futuro de las petroleras está en incrementar los factores de recobro en al menos un 10%, es decir que sean del 28%, para que de esta forma las reservas aumenten en unos 3.000 millones de barriles.

Para el viceministro energía las oportunidades del sector no terminan allí, pues según él “se debe potenciar el desarrollo de las exploraciones costa afuera, lo cual ya se tiene previsto para el próximo semestre”, así mismo espera que las empresas fortalezcan la incursión en los hidrocarburos no convencionales”.

En el caso de Pacific Rubiales, Cabrales estima que su potencial de crecimiento està en los crudos pesados y en la adecuada ejecución de los factores de recobro de sus campos Rubiales y Quifa.

En cuanto al sector como tal el funcioanrio asegura que se mantendrá el promedio de producción, es decir estará cercano a un millón siete mil barriles al terminar el año.

Finalmente Cabrales aseguró que los atentados contra la infraestructura están generando menores regalías lo que se verá reflejado en la inversión social del Gobierno y en daños ambientales irreparables.

Fuente: Dinero.com

Lunes, 17 Junio 2013 22:52

Decreto Número 1099 de 2.013

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Decreto Número 1099 de 2.013

Por la Cual se Adopta el Plan de Expansión Portuaria: Política Portuaria para un País más Moderno.

 

El Presidente de la República de Colombia considerando que mediante la Ley 1 de 1991 “Por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones” establece en su Artículo 2 que el Ministerio de Obras Publicas, hoy Ministerio de Transporte presentará al “CONPES” para su aprobación los planes de expansión portuaria.

Por ello en sesión del quince (15) de abril de 2013, el Consejo Nacional de Política Económica y Social “CONPES”  consideró y aprobó el Plan de Expansión Portuaria “Política Portuaria para un País más Moderno” contenido en el documento  Conpes 3744, razón por la cual se hizo necesaria su adopción.

En consecuencia se decretó la adopción  del plan de expansión portuaria “Política Portuaria para un País más Moderno”, derogando de esta manera todas aquellas normas que le sean contrarias.

Lunes, 17 Junio 2013 21:04

Resolución Número 0530 de 2.013.

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Resolución Número 0530 de 2.013.

Por la cual se Sustrae definitivamente un Área de la Reserva Forestal del Pacífico, Establecida Mediante la Ley 2 de 1959 y se Toman Otras Determinaciones.

 

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, presentó solicitud de sustracción de área de reserva forestal del Pacífico, ello con sus correspondientes estudios, para el Municipio de la Cumbre en el departamento del Valle del Cauca.

En este municipio se reporta el aprovechamiento de materiales pétreos meteorizados derivados de diabasas que se usan en construcción y en afirmado de vías.

De acuerdo a las condiciones geológicas del área y los diferentes proceso que se han desarrollado, se presenta en el municipio de la Cumbre, la aparición de diferentes yacimientos minerales, que en algunos casos están siendo explotados, con fines industriales, desarrollando una actividad minera incipiente, que puede llegar a aportar a la economía del municipio y servir de materia prima para diferentes actividades en la región, como suministro de materiales de construcción y procesos; se han reportado algunos títulos mineros, pero en términos generales hay personas que no cuentan con licencias ambientales para su funcionamiento.

El impacto ambiental se puede considerar como bajo para todo el municipio, por lo reducido de la actividad.

Se resuelve sustraer definitivamente un área de 8877,6 hectáreas de la Reserva Forestal del Pacifico, en el municipio de La Cumbre, Valle del Cauca, solicitada por INCODER, para la adjudicación de bienes baldíos.

 

Lunes, 17 Junio 2013 16:45

Resolución Número 0529 de 2.013

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Resolución Número 0529 de 2.013.

Por la cual se Sustrae definitivamente un Área de la Reserva Forestal del Pacífico, Establecida Mediante la Ley 2 de 1959 y se Toman Otras Determinaciones.

 

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, presentó solicitud de sustracción de área de reserva forestal del Pacífico, ello con sus correspondientes estudios.

En relación a las áreas de producción minera, en el municipio se reporta el aprovechamiento de materiales pétreos meteorizados derivados de diabasas que se usan en construcción y en afirmado de vías.

Luego del análisis de los estudios realizados sobre la zona solicitada se resolvió sustraer definitivamente 7935,45 hectáreas de la Reserva Forestal del Pacifico, en el municipio de Restrepo, Valle del Cauca, para la adjudicación de baldíos en el marco de la Resolución Número 293 de 1998, lo que no cobija actividades de utilidad pública o interés social.

Estas zonas solo podrán enfocarse al desarrollo de actividades forestales, agroforestales y silvopastoriles.

Se deberá excluir para el desarrollo de las actividades productivas en las áreas sustraídas los páramos, las áreas de nacimiento y recarga hídrica, las márgenes de las corrientes y zonas de inundación de ríos y quebradas, humedales y manglares.

Es importante señalar que los predios que no sean adjudicados conforme a lo dispuesto en esta resolución o aquellos que hayan sido objeto de un procedimiento de reversión de la adjudicación al dominio de la Nación, recobrarán su condición de Reserva Forestal. Así mismo en ningún caso se podrá adelantar procesos de licenciamientos ambientales hasta tanto no se haya cumplido con el procedimiento de adjudicación de baldíos, en cuyo caso, la autoridad ambiental competente deberá evaluar la compatibilidad del proyecto con los objetivos de sustracción realizada.

 

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El Consejo de Estado Indica que No Oponerse a Proceso de Aporte de Área Minera deja sin Efectos Derechos Adquiridos por Licencia de Exploración.

 

El Consejo de Estado indicó mediante la Sentencia 12153 de 2.013, que el hecho de no oponerse dentro de un plazo razonable al aporte de un área minera regida por la legislación de 1970, hace que el titular de la licencia de exploración pierda los derechos que adquirió para intervenir de manera exclusiva en la zona.

El Consejo de Estado concluyo esto luego del análisis realizado al  Artículo 192 del Decreto 1275 de 1970 que dice que al presentarse ausencia de objeciones se crea un nuevo estado de las cosas, dejando de esta manera sin efectos los títulos mineros concedidos con anterioridad.

Por otro lado señalo que es el Ministerio de Minas y Energía el competente para fijar de manera unilateral la reducción del área de explotación ello con base en lo normado en el Artículo 270 del Decreto 2655 de 1985. 

Martes, 04 Junio 2013 16:36

Resolución Número 411 de 2013

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Resolución Número 411 de 2013

Por la Cual se Establece la Metodología, los Términos y Condiciones para la Determinación del Precio Base de la Liquidación de Regalías de Petróleo Causadas Durante el Año 2013.

 

El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos “ANH”, con las facultades que le otorga la Ley, expidió la Resolución 411 de 2013, mediante la cual se indica la metodología, término, condiciones y formulas aplicables para determinar el precio base de la liquidación de las regalías del petróleo para el año 2013. 

Ver: http://www.anh.gov.co/media/regalias/Resolucion_411_de_2013_precios_base_CRUDO.pdf

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Consejo de Estado Fallo Número 44001233300020120007901

Reconocimiento del Derecho a la Propiedad de Territorios Ocupados por Indígenas.

 

Se interpuso la acción de tutela en contra de la inspección central de la policía de Riohacha, al adelantarse un proceso de desalojo del predio que ocupa pacíficamente hace varios años y que le pertenece por prescripción adquisitiva de dominio judicialmente declarada a la parte actora, tal y como la activa indica asi mismo señala que se presenta el desalojo atendiendo a la demanda fraudulenta efectuada por una persona que se presenta como propietaria legítima de las tierras afectadas bajo los hechos bajo análisis del Juez Constitucional.

Aunado a ella indica la comunidad que se esta desconociendo sentencia de fecha 6 de septiembre de 2010, emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha, la cual adjudicó por prescripción adquisitiva de dominio, en cabeza de la señora Ana María Pushaina, el predio denominado Irrachon, cuya extensión superficiaria es de 66 hectáreas.

la sentencia en mención, fue presentada ante la Oficina de Instrumentos Públicos de la ciudad de Riohacha, pero esta oficina, rechazó la inscripción, fundamentándose en el artículo 37 del Decreto Ley 1250 de 1970, omitiendo su obligación de inscribir la sentencia como tal, pues ésta había quedado ejecutoriada, conforme a los términos establecidos en el Código de Procedimiento Civil y fue proferida por un Juez de la República.

Por ello ante la negativa de la inscripción por parte de la Oficina de Instrumentos Públicos de la ciudad de Riohacha, el señor Germán González Iguarán y la señora Lida Henríquez Iguarán, procedieron a registrar su compra y alegar una posesión que nunca han ostentado, lo que se traduce en un fraude a la ley, pues debemos resaltar el hecho, que estas personas compraron en el papel, sin poder siquiera recibir las tierras materialmente, puesto quien las ha venido ocupando desde hace más de 20 años, tal y como se establece en la sentencia, es la señora Ana María Pushaina.

Señala la parte tutelante que la Secretaría de Gobierno Municipal en asocio con la Inspección de Policía, han violado el artículo 29 de la Constitución Nacional, el cual trata sobre el Debido Proceso, pues en su afán de colaborar con la querellante, ha vulnerado los derechos inalienables e imprescriptibles de los indígenas Wayúu, desconociendo además, la normatividad existente en procura de protegerle esos derechos a estas personas, en su condición de vulnerabilidad (Sentencia T-025 de 2004, Auto 004 de 2009, Convenio 169 de la OIT, Ley 21 de 1991 y demás normas que hoy protegen a los indígenas de acuerdo a la diversidad étnica y cultural existente, Constitución Nacional artículo 7 y demás concordantes).

Ahora, con base en los hechos acaecidos la comunidad solicita Que cese de manera inmediata la vulneración de los derechos fundamentales al igual que el derecho de los miembros de la comunidad de Irrachon, teniendo en cuenta que muy a pesar de no haberse tramitado la inscripción ante la oficina de Instrumentos Públicos de la ciudad de Riohacha, la Sentencia de fecha 6 de septiembre de 2.010, al estar debidamente ejecutoriada, tiene fuerza de ley y es de obligatorio cumplimiento especialmente para las entidades administrativas.

Que una vez se constate el hecho de que no somos invasores, se ordene al Municipio de Riohacha a través de la Secretaría del Gobierno Municipal, la revocatoria de todo lo actuado, dentro del proceso de lanzamiento instaurado por la señora Lida Henríquez Iguarán.

Que se ordene a la Oficina de Instrumentos Públicos de la ciudad de Riohacha, proceder a la inscripción de la sentencia de fecha 6 de septiembre de 2.010, la cual adjudica por prescripción, las tierras que hoy ocupamos y que se denomina Irrachon.

Ahora bien revisado los hechos que dieron vida al presente conflicto de tutela se procede a presentar el análisis normativo pertinente; es así como desde el punto de vista de la posesión material, se ha demostrado que las tierras objeto de controversia, lejos de haber sido poseídas por sus propietarios formalmente registrados, han sido materialmente poseídas y habitadas por una comunidad indígena Wayúu. En efecto, la señora Ana María Pushaina inició su posesión, según lo comprobaron sendos testigos, desde hace más de treinta años, posesión en ejercicio de la cual estableció su familia y se constituyó como comunidad indígena con una autoridad tradicional, estableció un cementerio donde dio sepultura a sus familiares, y ha desarrollado en forma permanente actividades de agricultura y pastoreo de conformidad con las pautas propias de su cultura ancestral. La señora Ana María Pushaina promovió demanda ordinaria buscando que se declarara judicialmente la prescripción adquisitiva de dominio sobre las 66 hectáreas ocupadas por su ranchería, y así lo obtuvo, mediante fallo proferido en septiembre de 2010.

Cuando la señora Pushaina buscó que se registrara el fallo judicial de septiembre de 2010, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha se negó a hacerlo, alegando que ya existía registro de otra sentencia que declaró la prescripción adquisitiva sobre las mismas tierras – a saber, la sentencia de diciembre de 2003 que declaró que había operado la usucapión de 1/3 parte de la propiedad del lote a favor de la señora Iris Isabel Iguarán. Se intentó registrar la sentencia en tres oportunidades, y en las tres oportunidades la Oficina de Registro se negó a hacerlo.

Posteriormente, la señora Lida Henríquez, quien compró formalmente el predio en mayo de 2012, promovió una querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho en contra de la comunidad indígena asentada en las tierras objeto de controversia. Si bien la diligencia de lanzamiento fue suspendida, por considerarse que se había acreditado la existencia de un conflicto jurídico sobre la propiedad de las tierras, posteriormente el superior jerárquico del funcionario que llevó a cabo la diligencia procedió a revocar su decisión y ordenar que se llevara a cabo, decisión adoptada en diciembre de 2012. Frente a estas decisiones de lanzamiento y de negativa a registrar el fallo que amparó la propiedad de la comunidad indígena es que se interpone la acción de tutela que ocupa la atención de la Sala.

Por ello estos delicados problemas jurídicos no pueden ser resueltos, a la luz de la Constitución Política, por el juez de tutela. El juez de tutela únicamente tiene jurisdicción en este caso para pronunciarse sobre la diligencia de desalojo policivo que se adelantó sin que se hubiese obtenido una solución judicial de fondo al conflicto jurídico-territorial sustantivo que enfrenta a las partes, puesto que esta actuación prematura y abusiva de la autoridad sí constituyó una afrenta a los derechos fundamentales de la comunidad indígena. Aparte del tema específico del desalojo, la controversia jurídica entre las partes plantea problemas jurídicos que, si bien tienen claras repercusiones constitucionales, son del resorte de la jurisdicción ordinaria.

Corresponde a la señora Lida Henríquez, o a la comunidad indígena de Irrachon si así lo tiene a bien, iniciar el proceso judicial ordinario al que haya lugar para dar una respuesta a estos problemas jurídicos. No es el Consejo de Estado en sede de tutela la autoridad competente para indicar cuál proceso judicial ha de ser iniciado por las partes, que están en libertad de ponderar las distintas alternativas que les provee el ordenamiento jurídico colombiano para lograr este cometido.

Para lo que sí tiene el juez de tutela competencia en este caso, y de hecho un deber constitucional de acción, es para detener la diligencia policiva de desalojo de la comunidad indígena de estas tierras, por cuanto su desarrollo y ejecución presuponen una resolución del complejo conflicto jurídico subyacente, resolución que obligatoriamente tiene que ser otorgada por la jurisdicción ordinaria, y que a la fecha no se ha dado. Por ello, haber iniciado y desarrollado esta actuación policiva constituyó una vía de hecho por parte de la autoridad de policía, que actuó sin contar con los fundamentos jurídicos necesarios para ello puesto que intentó hacer valer un título jurídico de propiedad claramente precario y materialmente sujeto a ulterior resolución judicial. Nota la Sala que la diligencia de desalojo que se intentó hacer fue efectivamente suspendida por existir un conflicto jurídico de fondo que debía ser resuelto por las autoridades judiciales; no obstante, esta decisión –ajustada a derecho- fue revocada al resolver el recurso gubernativo interpuesto por la parte querellante, y en consecuencia actualmente, en ausencia de una orden de tutela que le detenga, la autoridad policiva efectivamente llevaría a cabo el desalojo. Esta situación es constitucionalmente inadmisible. Por lo mismo, la Sala ordenará a las autoridades policivas de Riohacha, demandadas, que se abstengan de adelantar cualquier tipo de actuación policiva orientada a desalojar a la comunidad Wayúu de Irrachon de las tierras que actualmente ocupan, hasta tanto la jurisdicción ordinaria se pronuncie, mediante sentencia definitiva y en firme, sobre los problemas jurídicos que enfrentan a las partes y que la Sala recién identificó, luego del desarrollo y culminación de un proceso ordinario que la señora Lida Henríquez o la comunidad de Irrachon habrán de promover cuando así lo tengan a bien.

Finalmente decide el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub-Sección “A”  confirmar la sentencia del 28 de enero de 2013 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira, en el sentido en que DECRETÓ EL AMPARO de los derechos fundamentales al debido proceso, la vivienda digna y el mínimo vital de los miembros de la comunidad indígena Wayúu de Irrachon.

En segundo lugar modifica  la orden de tutela impartida en el numeral primero de la sentencia que se confirma, la cual quedará así:

ORDENAR al Secretario Municipal de Gobierno y Desarrollo Comunitario de Riohacha que se asegure que las Inspecciones de Policía sujetas a su jurisdicción se ABSTENGAN de adelantar cualquier tipo de actuación policiva orientada a desalojar a la comunidad Wayúu de Irrachon de las tierras que actualmente ocupan, hasta tanto la jurisdicción ordinaria se pronuncie, mediante sentencia definitiva y en firme, sobre los problemas jurídicos que enfrentan a las partes y que la Sala identificó en la presente sentencia, luego del desarrollo y culminación de un proceso judicial ordinario que la señora Lida Henríquez o la comunidad de Irrachon habrán de promover cuando así lo tengan a bien.

 

 

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